SOLO INFORMATICA, POR MANUEL MURILLO GARCIA

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LEGISLACION

Condenan a 18 meses de cárcel al dueño del sitio Bajatetodo.es

PABLO ROMERO Madrid

Nueva sentencia que condena al responsable de un sitio web de enlaces a descargas no autorizada. En este caso, una juez de Castellón ha impuesto una condena de 18 meses de prisión y a una multa de más de 21.000 euros al responsable de Bajatetodo.es, David León Marín, de de 32 años, quien fue uno de los detenidos anunciados en marzo de 2007 por el entonces director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida.

David León era propietario de bajatetodo, bajateseries, bajartodogratis, solodvdrip, bajateanime y trackerbajatetodo.com en las que estaban disponibles enlaces a contenidos de música, videojuegos, películas y ’software’.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso el Navegante, la juez sustituta del juzgado de lo penal número cuatro de Castellón, Tomasa Olivas, afirma sí se puede hablar de “comunicación pública” a diferencia de otras sentencias anteriores -como sucedió en el famoso caso Sharemula- y también ánimo de lucro, requisitos necesarios para condenarle por un delito contra la propiedad intelectual (artículo 270 del Código Penal)

Se trata de un criterio coincidente con otras recientes sentencias, pero diferente al utilizado en muchos otros casos similares anteriores, como el mencionado caso Sharemula.

Argumentaciones

Para llegar a esta conclusión, la juez se basa en una reciente sentencia en Valencia -que a su vez se basa en otra de la Audiencia de Vizcaya-, que considera que el condenado no sólo era un intermediario y no puede ampararse en que no conocía que su conducta era ilícita (una exención de responsabilidad que recoge artículo 17 de la Ley de servicios de la Sociedad de la Información, LSSI), sino que era consciente debido a su actividad técnica y “tras haber indexado, clasificado y comentado las obras, lo que hacía era poner a disposición de manera directa la descarga”.

La juez considera que el condenado, además, tenía ánimo de lucro. Según las pruebas aportadas por la Brigada de Información Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional, el condenado había ganado con sus actividades (publidad y un acuerdo de cesion de listas de correos) alrededor de 11.700 euros acreditados.

La magistrada entiende que el ánimo de lucro ha de entenderse de una “manera muy amplia” y recuerda la interpretación de una sentencia del Supremo de 2006: “Todo provecho o utilidad de naturaleza económica que una persona se proponga obtener mediante una conducta ilícita”.

El enlace como acto de comunicación publica

“La importancia de esta sentencia radica en que ratifica lo que otros jueces españoles también han estimado y que nosotros siempre hemos mantenido en nuestra defensa de la propiedad intelectual, que es que enlazar es un acto de puesta a disposición del usuario de Internet de contenidos ilícitos y ser considerado como un delito continuado contra la propiedad intelectual“, afirma José Manuel Tourné, director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, FAP.

En la sentencia, la juez condena a David León, además, a una inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la creación y gestión de sitios web.

Además, deberá indemnizar a la Asociación de Productores de Música de España (PROMUSICAE), a ADESE y a varios distribuidores cinematográficos, con cantidades que oscilan entre los 21.116,70 euros para la primera hasta hasta los 7.892,10 euros para la SGAE. Estas cantidades coinciden con las solicitadas por dichas entidades (estimadas como “el beneficio que hubieran obtenido presumiblemente de no mediar utilización ilícita”), y se basan en sus propias pruebas periciales.

El condenado tiene diez días para recurrir la sentencia.

Como curiosidad, se da la circunstancia de que la sentencia -que tiene fecha del pasado día 4 de noviembre- ha sido distribuida justo un día después de que la ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde se mostrase en contra de utilizar penas de cárcel para los responsables de los sitios web de enlaces, contra los que ella misma impulsó una serie de medidas administrativas llamadas popularmente ‘Ley Sinde’

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/tecnologia/2013/11/07/527b7c1061fd3df3798b456f.html

LEGISLACION
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Los responsables de webs de enlaces serán castigados con hasta seis años de cárcel

Ep. Madrid.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma del Código Penal que contempla la pena de hasta seis años de prisión para las conductas más graves cometidas por los responsables de webs de enlaces, que hasta ahora no estaban reflejadas en dicha norma.

El objetivo es perseguir las páginas que permiten la obtención de un listado de enlaces a través de las cuales se puede acceder ilícitamente a obras protegidas por los derechos de autor. En ningún caso se actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P que permiten compartir contenidos.

En concreto, se persigue la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (a través de publicidad, por ejemplo), así como facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas en Internet.

En esta modificación se tipifica expresamente la facilitación de medios para suprimir o neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad intelectual.

Por otro lado, en los delitos contra la propiedad industrial se diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas. Estos verán agravada su pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público se les atenuará proporcionalmente en función de su responsabilidad.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que esta regulación, que adecua la vulneración de la propiedad intelectual a semejanza de la propiedad industrial, “supone un auténtico equilibro entre la protección de los derechos de autor y el avance de las nuevas tecnologías”.

“Se persigue la explotación económica, en especial la reproducción, el plagio, distribución o comunicación pública de una obra sin consentimiento de los titulares con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto en beneficio de tercero”, ha explicado, aunque ha precisado que “si no hay ánimo de obtener beneficio económico o perjuicio de tercero, no hay delito”.

Enlace articulo original: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3692177/espana/los-responsables-de-webs-de-enlaces-seran-ca#.Ujxhf6ebuM8

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El Gobierno aprueba la Ley de Telecomunicaciones que agiliza despliegue redes

Efe | Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, persigue simplificar el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones mediante la eliminación de la necesidad de obtener diversas licencias municipales.

La normativa, que modifica la vigente desde 2003, ofrece un nuevo marco jurídico para que los operadores lo tengan más fácil a la hora de desplegar redes y prestar servicios, lo que redundará en “mejores ofertas para los ciudadanos y empresas”, así como en menores precios y mejor cobertura, ha explicado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha destacado que, además, da seguridad jurídica al compendiar toda la normativa vigente, y supone un importante avance en la reformas de las administraciones públicas, ya que facilita su coordinación en términos de redes y simplifica el proceso de licencias.

En este sentido, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha destacado que uno de los principales objetivos de la ley es que los ciudadanos puedan beneficiarse de precios más competitivos, uno de los efectos positivos de la liberalización del sector, iniciada en 1998, “que aún no se ha trasladado por completo” a los usuarios.

La nueva ley era “muy necesaria”, puesto que hoy el mundo de las telecomunicaciones tiene “muy poco que ver con el que había hace 10 años”, ha destacado Soria, quien ha recordado la importancia del sector en la generación de actividad económica, inversiones y empleo.

El desarrollo de la cuarta generación de telefonía móvil, la banca ancha y las redes ultrarrápidas obligaban a la reforma, ha apuntado.

Entre otros objetivos, la ley persigue impulsar la competencia, mejorar los servicios al ciudadano, recuperar la unidad de mercado poniendo freno a la dispersión normativa y simplificando los trámites administrativos que dificultan las inversiones y facilitar el despliegue de redes.

El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones fue aprobado en diciembre de 2012 y ahora será remitido a las Cortes después de haber sido informado por el regulador del sector (CMT), las autoridades de competencia (CNC) y el Consejo de Estado, entre otros.

Enlace artículo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/13/navegante/1379076758.html

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La Ley de Propiedad Intelectual ampliará a particulares su vigilancia sobre las webs

  • Se reduce de 10 a cinco años el tiempo para reclamar el pago de derechos

Europa Press | Madrid

Las páginas web responsables de difundir obras protegidas en la red no serán las únicas perseguidas, ya que también se actuará contra los particulares que suban contenido ilícito de forma masiva a Internet, según aparece reflejado en el nuevo borrador de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

En concreto, el nuevo borrador incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla la posibilidad de juzgar a aquel usuario que sobre el que concurran “indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual”.

Además, a petición de varias entidades, entre las que se encuentran Filmin y Canal Plus, se modifica el artículo 138 del actual anteproyecto, referente a las ‘Acciones y medidas cautelares urgentes’, por el que el Gobierno considerará responsable también “a quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quienes cooperen en esta difusión, conociendo la conducta o contando con indicios razonables para conocerla; y quien posea un interés económico directo en los resultados y tenga además control sobre la conducta del infractor”.

También, a petición de CEOE, Adigital, ASTEL, Redtel y ONO, se introduce expresamente que las condiciones para esta lucha contra las webs que posean enlaces de contenido ilegal sean cumulativas, por lo que deberán darse los tres supuestos antes mencionados, relativos al artículo 138, para ser perseguidas.

Por otro lado, y a petición de varias entidades de gestión y titulares de derechos, se elimina el carácter subsidiario de lucha contra los enlaces por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, lo que significa que la comisión gubernamental perseguirá los enlaces.

Voto igualitario

Varias entidades de gestión, entre las que se encuentra Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), han solicitado que el voto de los socios de cada entidad sea igualitario en la elección del órgano de representación, que se incluye ahora en el artículo 151 de este borrador.

Por otro lado, el nuevo borrador de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también reduce el tiempo de prescripción para que los beneficiarios puedan reclamar el pago de sus derechos, según aparece en el artículo 154, referente al ‘Reparto, pago y prescripción de derechos’.

Así, el tiempo para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades asignadas en el reparto a un titular prescribe a los cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que le correspondan, a diferencia de los 10 años que contemplaba el anterior borrador.

Asimismo, transcurridos tres años desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que le correspondan o de la recaudación (y no pasados cinco años, tal y como aparecía en el primer texto), las entidades de gestión podrán disponer cada año de forma anticipada de hasta la mitad de las cantidades pendientes de prescripción, para los mismos fines previstos en el apartado anterior, sin perjuicio de las reclamaciones de los titulares sobre dichas cantidades no prescritas.

Obra huérfana

Otra de las novedades de este nuevo borrador es la introducción del concepto de obra huérfana: aquella obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una “búsqueda diligente”.

De esta forma, se otorga de marco legal a estas obras y se ajusta la Ley de Propiedad Intelectual a la Directiva de 2012 del Parlamento Europeo que da seguridad jurídica al uso de estas obras, obligando a mencionar al autor de la obra (si ha sido identificado) y limitando el fin lucrativo de su uso.

Los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas, así como los organismos públicos de radiodifusión o filmotecas, podrán reproducir y poner a disposición del público dichas obras huérfanas, siempre que no haya ánimo de lucro y cuyo fin esté relacionado con su misión de interés público.

En el caso en el que existan varios titulares y algunos de ellos no hayan sido identificados o localizados, la obra se podrá utilizar sin perjuicio de los derechos de quienes sí los posean.

Más de 100 alegaciones

Asimismo, el artículo 154 de ‘Reparto, pago y prescripción de derechos’ indica que las cantidades recaudadas por obras huérfanas y no reclamadas por su titular en el plazo previsto “serán destinadas por las entidades de gestión a la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad o actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes; o a la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan”.

Según han indicado fuentes ministeriales, la participación en el trámite de información pública de las entidades de gestión de derechos, de las industrias culturales, de los usuarios de derechos de propiedad intelectual o las administraciones públicas, entre otras entidades, ha sido “muy elevada”: han llegado más de un centenar de consideraciones y obligaciones, algunas de las cuales se han incorporado al texto.

Actualmente el anteproyecto se encuentra sometido al informe de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, de Economía y Competitividad, de Industria, Energía y Turismo, de Justicia, así como a la Comisión Nacional de la Competencia, al Consejo Fiscal, al Consejo General del Poder Judicial, Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Consumidores y Usuarios.

Por ello, el texto actual podría volver a cambiar y dar lugar a otra versión del anteproyecto de ley que será sometida al dictamen del Consejo de Estado, como último informe, antes de elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación por el Gobierno y remisión a las Cortes Generales, donde comenzará el trámite, previsiblemente después del verano, tal y como indicó hace unos días el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/17/navegante/1374079842.html

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Un juez de Valencia condena al responsable de varios sitios de ’streaming’ ilícito

  • La sentencia se basa en otra de la Audiencia de Vizcaya
  • El ’streaming’ puede considerarse ‘comunicación pública’
  • El juez ve ánimo de lucro en los ingresos por publicidad

P. Romero | Madrid

El responsable de las páginas web de visionado gratis de vídeo Divxonline.info, Estrenosonline.es y Seriesonline.es ha sido condenado en Valencia a un año y siete meses de prisión, al entender el juez que la actividad de exponer material protegido en ’streaming’ -visionado simultáneo a la descarga del contenido- sí es comunicación pública, tal y como recoge el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta sentencia es recurrible.

El caso surgió a raíz de la denuncia de la entidad de gestión de derechos audiovisuales EGEDA, la asociación ADIVAN y varias de las las principales productoras de contenidos audiovisuales con oficina en España, entre ellas Lauren Film Video Hogar, contra J. R. G., vecino de Valencia.

Esta sentencia se basa en una gran parte en otra reciente, de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en la que los jueces afirmaban que “aun considerando que los archivos no eran descargados en el servidor de los dos acusados, y entendiendo que lo que ofrecían eran meros enlaces, la Sala considera que la conducta sí constituye comunicación pública y en tal sentido es típica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Penal”, que trata sobre los delitos contra la propiedad intelectual.

Se trata de un criterio diferente al utilizado en otros casos similares anteriores, como el caso Sharemula.

Aquella sentencia de la Audiencia de Vizcaya, que el juez de Valencia cita profusamente, también tumba otro de los argumentos de la defensa, que alegaba que la actividad de compartir archivos no se ha considerado ilícita por los tribunales siempre que el contenido no sea ilícito, tal y como consagra el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). De hecho, da por hecho que el acusado sabe de la irregularidad de su actividad, por lo que no puede acogerse a la exención de responsabilidad que prevé dicho artículo.

Además, el juez afirma que en estos casos “no se trata de valorar si el contenido al que acceden es ilícito, sino de valorar [...] si con su actividad los acusados realizaban un acto de comunicación pública”. Y entiende que existe comunicación pública en este supuesto, a tratarse de visionado ‘en directo’ o ‘streaming‘.

Precisamene el juez cita un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 2011 en la que se asegura que la actividad de propocionar contenidos mediante ’streaming’ podría ser considerada comunicación pública al no ser una actividad de mera intermediación “sino el núcleo de la actividad que anuncia y posibilita el intercambio masivo de archivos a los usuarios”.

Y en la misma línea cita un auto de la Audiencia de Valencia, enmarcado en este mismo caso, en el que se pone de manifiesto que el ahora condenado “no se limita a ser un mero enlazador, ya que facilita el visionado del material protegido a la vez que obtiene ingresos por publicidad” tanto directa como indirectamente, que le reportó beneficios de más de 140.000 euros en menos de dos años (entre 2007 y 2009).

El juez establece pues que el ánimo de lucro existe en tanto que “existe una inmediata vinculación entre la oferta de archivos audiovisuales con la motivación de esa oferta” que era “la expectativa de ingresos por publicidad”. “Lo relevante es que el acusado buscaba generarse ingresos, y la vía de ingresos era el empleo no consentido de obras protegidas por la propiedad intelectual, empleo que es comunicación pública y que constituye la fuente de la que dimanan los ingresos pues, sin esa comunicación, no habría recursos posibles o razonables”.

Según la abogada de la acusación, María Suárez, queda demostrado que la actividad del acusado “no es altruista” y recuerda que el ánimo de lucro ha de entenderse como el ánimo de obtener cualquier ventaja, una ganancia. Para finalizar el juez evita pronunciarse sobre indemnizaciones por “las lagunas y la falta de claridad del perito de la acusación a la hora de cuantificar el daño”.

Se da la circunstancia que el juez describe, al principio de su sentencia, el ‘modus operandi’ del responsable de los sitios web. Tal y como desvelaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso, el propio condenado pudo haber subido archivos de vídeo a una cuenta de Megavideo -un servicio de almacenamiento ‘online’- de modo que esos archivos sólo se pudieran visionar a través de Divxonline.info. No obstante, este extremo -a pesar de ser repetido y considerado relevante por el juez- no se ha introducido en el caso, al no haber sido solicitado por las acusaciones.

Esta sentencia sigue una senda de cambio relativamente reciente respecto de otros casos similares, marcada por la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya antes mencionada y los asuntos Infektor.com, Simonfilm.tv e Infopsp, estos últimos de conformidad.

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/27/navegante/1372334025.html

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Nueva batalla perdida contra las páginas de enlaces: la calificación por edades

Por Javier Maestre | Madrid

La industria de los intermediarios del mercado de la propiedad intelectual, desde hace años, mantiene una guerra abierta contra las denominadas ‘páginas de enlaces’, que se ha desarrollado en diversos frentes y que todavía sigue viva. La última batalla de esta guerra se ha saldado, como la mayoría, con la derrota de la industria.

En un primer momento, las acciones que se dirigían contra estas páginas se desarrollaron en el ámbito del Derecho Penal. Así, el primer caso del que hubo constancia pública fue el relativo a la página donkeymania.com, denunciada en el año 2002, cerrada de forma cautelar en el 2003, cuyos responsables tuvieron que esperar hasta el año 2011, para conseguir el archivo definitivo del caso.

La mayoría de los pleitos que se han seguido en el ámbito penal han arrojado un resultado contrario a las tesis de los denunciantes, y aún quedan asuntos pendientes de resolver en esta jurisdicción.

Pero los enemigos de estas iniciativas, ante el resultado infructuoso de las acciones penales, exploraron otras vías por las que atacar. Así, tampoco han sido infrecuentes las denuncias por el incumplimiento de la LSSICE, particularmente, por no proporcionar toda la información requerida por el artículo 10 de la Ley. Así, se han visto casos en los que se han sancionado a estas páginas por no publicar, por ejemplo, un nº de teléfono de contacto, mientras que los denunciantes, que incumplían claramente dicho precepto, no eran objeto de expedientes sancionadores.

Luego llegó la Ley Sinde, que dio lugar también a numerosos procedimientos. La inmensa mayoría acabaron en archivo, alguno que otro que acabó con resolución ha sido recurrido ante la Audiencia Nacional y, en cualquier caso, hay una práctica unanimidad en que esta Ley no ha servido para nada y es totalmente ineficaz.

Como en toda guerra, hay batallas que se libran en campo abierto, pero muchas otras se hacen por vías alternativas. En el acoso y derribo que se ha intentado frente a estas páginas, hay algunas que, como Cinetube.es, han tenido que soportar todos y cada uno de los frentes anteriores, con resultados satisfactorios, especialmente en el ámbito penal.

Ante esta situación, el último intento de sus enemigos por hacerle daño fue denunciar a la página -ojo al dato- por no indicar la calificación por edades de las películas u obras audiovisuales sobre las que se proporcionaba información. Una normativa pensada para la publicidad de las salas de cine se retorcía hasta lo indecible con el claro objetivo de censurar las páginas de enlaces.

Como en anteriores ocasiones, Cinetube no se amilanó. Recurrió en vía administrativa, fueron desestimadas sus alegaciones, y tuvo que pagar la multa para poder recurrir. El derecho administrativo es así: otorga facultades exorbitantes a la Administración pública, incluso cuando ésta incurre en desvío de poder.

En una reciente sentencia (PDF), que marcará la pauta para otros casos que están pendientes de resolverse, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid estima el recurso presentado por Cinetube y, en síntesis y sin entrar en tecnicismos legales, declara que la obligación de indicar la calificación por edades de las obras audiovisuales no se puede exigir a este tipo de páginas.

El ‘lobby feroz’ no se cansa. Cuando pierden en vía penal, acuden a la civil, y si les dejan, a la vía administrativa. Cuando los jueces no les dan la razón, presionan a los gobiernos para que cambien las leyes y quiten a los jueces. Esperemos que la próxima batalla en esta larga guerra no sea ante la jurisdicción militar.

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/08/navegante/1368011644.html

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Confirman tres años y medio de cárcel por ‘robar’ datos de usuarios de iPad en EEUU

Fotos policiales de Auernheimer en 2010. | Reuters

Reuters | Nueva York

Andrew Auernheimer, experto informático detenido hace tres años y que se declaró hace dos años culpable de un ‘ataque’ a servidores de la compañía telefónica AT&T y de publicar información personal de unos 120.000 usuarios de iPad, ha sido condenado a tres años y cinco meses de prisión.

El informático de 27 años, uno de los miembros de Goatse Security -el grupo que descubrió el fallo de seguridad de AT&T que reveló datos privados de miles de usuarios de iPad en Estados Unidos- fue declarado culpable por un jurado en noviembre del pasado año en Newark, New Jersey, por conspiración para acceder a los servidores del operador sin permiso y por robo de identidades.

La sentencia ha sido impuesta por la juez de distrito Susan Wigenton. Los fiscales sostienen que una pena efectiva de prisión podría ayudar a disuadir a los futuros ‘piratas’ de modo que eviten las invasiones en la privacidad de los usuarios de internet.

Entre los afectados por las actividades de Auernheimer se encuentran la estrella de la ABC New, Diane Sawyer; el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg; el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel y el productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein.

“Cuando se hizo evidente que estaba metido en un serio problema, se inventó la ficción de que estaba tratando de hacer que Internet fuera más seguro, y que lo único que hizo fue cruzar una puerta abierta“, dijo el fiscal Paul Fishman en un comunicado. “El jurado no le creyó, y tampoco lo hizo el corte ahora que le ha impuesto una condena”.

Auernheimer había solicitado la libertad condicional. Su abogado, Tor Ekeland, argumentó que no ‘hackeó’ contraseñas, y además no estaba justificada una pena de cárcel tan larga ya que existen casos similares recientes en los que la pena se limitó a seis meses de prisión por “hechos mucho más intrusivos”

El abogado ya ha confirmado que su cliente apelaría. Ekeland es también abogado de Matthew Keys, un responsable de medios sociales de Thomson Reuters Corp quien fue suspendido el viernes.

Keys fue acusado la semana pasada en California por ayudar al colectivo ‘hacker’ Anonymous, a cuyos miembros dio acceso a los sistemas informáticos del grupo ‘Tribune Co’ en diciembre de 2010.

Los hechos denunciados ocurrieron antes de que Keys comenzara a trabajar en Reuters.com. Ekeland dijo el viernes pasado que el acusado “mantiene su inocencia” y “espera poder tumbar estos cargos sin fundamento”.

Enlace articulo  original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/19/navegante/1363675735.html

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La inminente reforma de la LPI plantea una guerra abierta contra los enlaces a descargas

  • Ibercrea filtra un texto completo ‘extraoficial’ de borrador de la normativa
  • De aprobarse, aumentaría el control sobre las entidades de gestión de derechos
  • Cultura asegura que el texto pasará por un periodo de información pública

Pablo Romero | Madrid

Una nueva filtración de un borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (PDF), que llegará al Consejo de Ministros presumiblemente la semana próxima, plantea nuevas medidas para agilizar y reforzar el funcionamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI) de la Secretaría de Estado de Cultura, especialmente la Sección Segunda, conocida como ‘Comisión Sinde’. Entre ellas, la obligación para las ‘telecos’ de identificar a los usuarios a petición de un juez contencioso administrativo, o medidas para ‘asfixiar’ económicamente a las páginas de enlaces a descargas.

La Sección Segunda de la CPI es la encargada de notificar y en su caso bloquear enlaces o sitios web de enlaces a descargas no autorizadas, previa autorización judicial. No obstante, tras un año de funcionamiento tras la entrada en vigor de las reformas previstas en la llamada ‘Ley Sinde’, su efectividad ha sido limitada.

Una de las medidas más destacables para ’solucionar’ este atasco que recoge este texto, publicado por la entidad Ibercrea (que aglutina a las principales entidades de gestión), es la obligación que establece para los prestadores de Internet de identificar a los infractores -a través de una dirección IP, nombre de dominio, dirección de Internet o dato similar- a petición de la Sección Segunda de la CPI.

Para ello, se plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente del apartado 1 del artículo 256, en el que se incluiría un décimo punto en el que se capacita al juez para pedir la identificación del supuesto infractor a ‘telecos’ y empresas de pagos y publicidad cuando “concurran indicios razonables de que esté poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, a través de cualquier enlace o redireccionamiento, contenidos” protegidos por derechos de autor.

Hasta el momento, dicha identificación se producía de este modo sólo para perseguir los delitos más graves; de esta manera, un juez de los contencioso-administrativo podrá, de prosperar la reforma, solicitar esa identificación en el caso de que exista un indicio de vulneración de la propiedad intelectual en la Red.

La Sección Segunda podrá pedir la identificación del infractor al juez para, posteriormente y si ese infractor no retira los enlaces a los contenidos ‘piratas’, bloquear el acceso a esos enlaces, con un nuevo permiso del juez. La idea de estas modificaciones es agilizar el proceso, que se alargaba notablemente.

Tal y como adelantaba la periodista Pilar Portero hace unas horas, “en las últimas versiones del texto también había una modificación del artículo 270 del Código Penal para armonizarlo con la nueva ley, pero parece ser que ha desaparecido de la que se aprobará en el Consejo de Ministros”.

Según el abogado especializado Carlos Sánchez Almeida, este proyecto “supone una agresión sin precedentes a la libertad de expresión, y aún más, a la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica garantizada por el artículo 20 de la Constitución”. “Más allá de la regulación de la comisión de censura”, añade el abogado, ” se pretende someter a un asfixiante control administrativo toda la actividad artística, y en particular la libre asociación de los autores y creadores”.

Google se libra

Otras de las medidas resaltables del proyecto es que la Sección Segunda podrá actual contra los sitios web que “vulneren directamente los derechos de propiedad intelectual” y, subsidiariamente, contra quienes participen en la vulneración de forma “significativa considerando su nivel de de audiencia en España” y cuya “actividad principal sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras”.

Los motores de búsquedas, y notablemente Google, no podrán en principio ser sancionables por esta vía ya que la actividad perseguida debe ser “activa, específica y no neutral” -”en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras”- y “que no se limite a desarrollar actividades de mera intermediación técnica”.

Es decir, tal y como se explica en la exposición de motivos, “lo anterior no afecta a (…), entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos”. Tampoco afectará a quienes “enlacen ocasionalmente a contenidos de terceros” -un claro guiño a los blogs y redes sociales-, aunque ésto último no aparece registrado tal cual en el articulado del borrador.

Además, la Sección Segunda podrá actuar “para el retablecimiento de la legalidad” contra prestadores “que, directa o indirectamente, actúen con ánimo de lucro, o hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial”.

Mayor poder para la ‘Comisión Sinde’

El procedimiento de notificación y retirada voluntaria no debería durar más de nueve días: 48 horas como máximo para notificar al infractor (previamente identificado), presentación de alegaciones por parte de éste, se practicará prueba en dos días y las conclusiones de la Sección Segunda se darán a conocer a las partes en un plazo máximo de cinco días.

Si no hay retirada voluntaria de contenidos, la norma prevé ‘asfixiar’ económicamente a los sitios infractores. El texto prevé que “la sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicion de intermediación, de lo servicios de pagos electrónicos y de publicidad, requiréndoles para que suspendan el servicio que faciliten al prestador infractor“, con prioridad a las acciones dirigidas a bloquear su financiación.

De esta manera, el bloqueo del acceso a los sitios web declarados infractores sería una “medida de último recurso, en el caso de ser ineficaces las demás medidas de alcance”.

Y además prevé consecuencias para los reincidentes en forma de multa, como infracción administrativa grave, de entre 30.000 y 300.000 euros, por incumplir dos o más veces la retirada de contenidos infractores, o por reanudar la actividad infractora.

Según Carlos Sánchez Almeida, “el texto puede contravenir la normativa europea de protección de datos, de libertad de expresión y de creación de empresa, otorgando a la administración facultades que corresponden en exclusiva al poder judicial”. Y añade: “Amenazar con sanciones a empresas de ‘hosting’ y pasarelas de pago empujará al exilio virtual a buena parte de los emprendedores de la red española, con la consiguiente repercusión en la creación de empleo y riqueza.

Mayor control a las entidades de gestión

Otros puntos importantes en la reforma de la LPI pasan por aumentar el control de las entidades de gestión de derechos de autor, un asunto que las ha puesto en pie de guerra.

El texto plantea la obligación de control de las cuentas de las entidades por parte de Cultura aunque, de momento, esa tarea recaería en la Comisión Nacional de la Competencia, algo que critican las entidades.

Aglutinadas bajo el paraguas de Ibercrea, critican además la “falta de una política activa para la creación e implementación de una industria cultural robusta”.

Los editores de periódicos, a través de AEDE, se han sumado también a la queja de Ibercrea de no haber sido convocados para consultarles la nueva norma.

Mientras, Carlos S. Almeida ha hecho un llamamiento directamente a los creadores quienes, en su opinión, “deben unirse en un frente común con Internet”. “Este proyecto supone un pacto contra natura entre los explotadores de la propiedad intelectual y el poder político, sometiendo por igual a los artistas y a su público”, ha afirmado.

‘Habrá diálogo y transparencia’

Desde la Secretaría de Estado de Cultura ni confirman ni desmienten los borradores que han ido publicándose a lo lardo de los últimos meses, y recomiendan esperar a que el texto pase por la primera lectura en el Consejo de Ministros, presumiblemente la semana que viene.

“Habrá un periodo de información pública, que puede durar un mes, en un esfuerzo voluntario para mantener el diálogo y la transparencia”, comentan, y recuerdan que habrá tiempo para reunirse con las partes interesadas, entidades, asociaciones y cualquier ciudadano que tenga algo que aportar (esto último confirmado de forma expresa y oficial por la Secretaría de Estado de Cultura).

El texto será objeto de un informe (no vinculante) del Consejo de Estado, volverá al Consejo de Ministros para su segunda lectura, y luego deberá pasar por su tramitación parlamentaria. “Quedan meses de tramitación”, recuerdan.

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/15/navegante/1363338920.html

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Industria cultural y Gobierno pisan el acelerador contra la ‘piratería’ en Internet

Imagen de archivo de un investigador de la FAP contra la ‘piratería’. | Sergio Enríquez-Nistal

  • Unos publican sus cifras y culpan al Ejecutivo de no dar un ‘mensaje claro’
  • Desde Cultura destacan su labor de apoyo y aseguran que la ley se cumple
  • El Gobierno va a ‘reforzar’ la ‘Ley Sinde’ y reformará la LPI ‘en breve’

Pablo Romero | Madrid

Frente a la “decepción” de la industria cultural por los resultados de las últimas medidas contra las descargas no autorizadas en Internet durante el último año, el Gobierno prepara nuevas reformas normativas encaminadas a luchar contra la ‘piratería online’.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura confirman que efectivamente se está trabajando en una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) -anunciada ya por el propio secretario de Estado de Cultura el pasado año- que, si bien no se proporcionan plazos, será presentada “en breve”.

De momento, el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, se ha reunido con las ocho entidades españolas de derechos de autor para abordar esta reforma, según el diario ABC, que asegura que en esta reforma estarán implicados también los ministerios de Industria y Justicia.

El contenido de esta reforma de momento no es público. Según una supuesta filtración reciente que no ha sido confirmada de forma oficial, parte de la reforma estaría encaminada a modificar el Código Penal para poder convertir en un hecho delictivo la recopilación de enlaces a descargas no autorizadas, precisamente el hecho contra lo que pretende luchar la llamada ‘Ley Sinde’ (aunque por la vía administrativa).

Esta misma semana, desde la Secretaría de Estado de Cultura, la directora general del libro e industrias culturales, Teresa Lizaranzu (que ejerce además como presidenta de la Sección Segunda de la CPI) anunciaba nuevas modificaciones legales para reforzar el funcionamiento de la Sección Segunda de la CPI, la llamada ‘Comisión Sinde’, que es el órgano administrativo encargado de la notificación y de ordenar la retirada de contenidos que vulneran la propiedad intelectual en Internet. Esto sucede cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la llamada ‘Ley Sinde’.

Entre otras medidas, se va a permitir que se realicen solicitudes colectivas y sobre catálogo, en lugar de la obligación de tener que realizar una solicitud a la CPI por cada obra afectada por ‘piratería’, para agilizar el proceso.

Además, se darán pasos para hacer más eficaces la notificación a sitios web con sede fuera de España, con la ayuda de Bruselas y de las relaciones bilaterales entre países. Por ejemplo, se va a crear un tablón electrónico para colgar las notificaciones a las páginas web supuestamente infractoras y que no se encuentran domiciliadas en España.

Fuentes de Cultura destacan que las actuaciones van más allá de las medidas coercitivas. Así, destacan la labor de concienciación social -para lo que consideran crucial el papel de la propia industria- y el apoyo institucional a la industria ‘legal’ de contenidos, traducido en una inversión el pasado año de 5,6 millones de euros y la presencia de los responsables políticos en actos para dar mayor visibilidad a la oferta cultural, como sucedió en la reciente presentación de la plataforma ‘Yo soy de cine’ o el apoyo a plataformas como Filmotech o Filmin.

Reproches y ‘decepción’ de la industria

Todo ello, a pesar de los reproches del sector, que acusa al Ejecutivo de no haber lanzado un “mensaje claro” ni haber puesto “medidas que pongan freno” a este fenómeno, afirmaba esta semana la presidenta de La Coalición de Creadores e Industrias Culturales, Carlota Navarrete, durante la presentación del informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2012.

La industria se muestra “decepcionada” por las cifras un año después de la entraba en vigor de la llamada ‘Ley Sinde’: en 12 meses se presentaron 363 solicitudes que denuncian el uso de obras en la Red sin permiso, de las que 248 fueron archivadas por defecto de forma, se han iniciado 30 procedimientos. En 19 de ellos ha habido una retirada voluntaria de contenidos, mientras que 15 sitios de enlaces han cesado en su actividad tras haber recibido una comunicación de la Comisión, o han retirado -total o parcialmente- los contenidos denunciados.

De momento, el sector cultural ha aportado nuevas cifras sobre la mesa para justificar su exigencia de más medidas en contra de esos comportamientos en Internet, y aumenta la presión al recomendar al Gobierno de EEUU que incluya nuevamente a España en su lista de vigilancia de países más ‘piratas’.

Aumento de notificaciones

Mientras, las entidades que representan a la industria de contenidos han seguido notificando posibles infracciones a la CPI. Según varias fuentes jurídicas, se ha detectado un incremento en la actividad de la ‘Comisión Sinde’.

Desde el pasado día 21 de febrero han llegado varias notificaciones a responsables de sitios web de enlaces, algunos de los cuales habían sido denunciados previamente y cuyos casos han resultado desestimados en los tribunales. Desde BufetAlmeida confirman dicho incremento de actividad. Por su parte, el abogado David Bravo -especializado en casos relacionados con Internet- ha comentado al Navegante que sólo esta semana ha tramitado alegaciones en cuatro casos.

Desde Cultura responden que lo que está sucediendo es que las notificaciones cada vez son más rápidas porque, después de un año de funcionamiento de la ‘Comisión Sinde’, las partes están más familiarizadas con el proceso y ello se traduce en una mayor agilidad.

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/02/navegante/1362214507.html

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La CE prepara otra multa millonaria contra Microsoft por incumplir la libre elección de navegador

Efe | Europa Press | Bruselas

La Comisión Europea (CE) anunció hoy el envío de un pliego de cargos al gigante informático Microsoft en el que le acusa de incumplir su compromiso de 2009 de garantizar a sus clientes la posibilidad de elegir un navegador de internet distinto a su Explorer.

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, prepara otra multa millonaria contra el gigante informático estadounidense Microsoft -que podría llegar hasta el 10% de su volumen de negocios- por haber incumplido el citado compromiso.

El Ejecutivo comunitario consideró que la compañía no ofertó una pantalla con la posibilidad de elegir navegador en su versión Service Pack 1 del sistema operativo Windows, comercializada desde febrero de 2011, a pesar de que se había comprometido a ello.

La CE recordó en un comunicado que el envío del pliego de cargos “no prejuzga el resultado del resultado final de la investigación”, aunque el propio grupo informático ha reconocido ya los hechos.

La pantalla de opciones en Windows para permitir a los usuarios elegir navegado era una de las medidas correctivas impuesta a la empresa de Redmond en 2009 en el marco del expediente abierto por Bruselas por abuso de posición dominante.

El objetivo era evitar que Microsoft impusiera a los usuarios el Explorer y expulsara del mercado a sus rivales y la obligación estaba vigente hasta 2014.

Usuarios, privados

En el pliego de cargos, el Ejecutivo comunitario sostiene que Microsoft no incluyó la pantalla de opciones en su Windows 7, Service Pack 1, que se puso a la venta en febrero de 2011. “Entre febrero de 2011 y julio de 2012, millones de usuarios de Windows en la UE podrían haberse visto privados de la pantalla de opciones”, ha señalado la Comisión.

Las partes también pueden a continuación responder por escrito a la Comisión y solicitar una audiencia oral para presentar sus comentarios, precisó el Ejecutivo comunitario.

La CE tomará una decisión final una vez hayan ejercitado todas las partes su derecho a la defensa, apuntó.

En el caso de que se demuestre, finalmente, que una empresa ha incumplido unos compromisos legalmente vinculantes para dispersar cualquier problema de competencia, la Comisión podría imponerle una multa por un valor de hasta el 10 % de su facturación total anual.

El Ejecutivo comunitario ya ha impuesto tres multas a Microsoft por abuso de posición dominante desde 2004 cuyo importe total asciende a casi 1.700 millones de euros.

Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/24/navegante/1351073835.html

LEGISLACION
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