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UN GRAN PACTO SOCIAL PARA TENER CRECIMIENTO ECONÓMICO CON EQUIDAD

Para tener un país incluyente se necesita un gran pacto social orientado a un crecimiento económico y equitativo que brinde protección social y seguridad para toda la población. En eso coinciden tanto la propuesta del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), titulada México de 2012. Reformas a la Hacienda Pública y al Sistema de Protección Social, con la de la UNAM, nombrada Por una Política de Crecimiento Sustentable y Protección Social.

Para analizar estas convergencias, diversos especialistas se dieron cita en el Seminario Universitario de la Cuestión Social, donde Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la UNAM y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, suscribió que la nación requiere una reforma al sistema hacendario y al de protección social.

Al respecto, el académico de la Facultad de Economía (FE) señaló que es necesario “tener una sociedad más cohesionada e incluyente. La percepción es que estamos muy desintegrados, con mucho desorden, y lo que más se nutre es la inseguridad”.

Por eso necesitamos mecanismos para llegar a la cohesión e inclusión, que son los de la protección y la seguridad social. Como somos una sociedad económica, monetarista y abierta al mundo, hay que financiar esos procesos, dijo.

“Lo que tenemos no alcanza y no lo hará, así que hay que reformar el sistema hacendario, y la única manera de lograrlo es si mantenemos la democracia con un gran objetivo que nos unifique: la protección social universal”.

Cordera Campos espera también que estas propuestas de reformas sean “el tema que se discuta en la sucesión presidencial y el compromiso del próximo primer mandatario”.

La reforma pública, a debate

El libro blanco del CEEY, que contiene cifras y datos duros para debatir la reforma de la hacienda pública y transformar al mismo tiempo el sistema de protección social, fue presentado por Enrique Cárdenas (director ejecutivo de esa entidad) y Jorge Chávez Presa, en un acto encabezado por Cordera Campos, en la Sala 1 de los Consejos Académicos de Área de la UNAM.

Alcanzar el consenso social para lograr ambas modificaciones, dijo Cárdenas, involucra retos complejos, resolver problemas técnicos, de instrumentación y financiamiento, políticos y jurídicos, e incluso reformas constitucionales.

Deben procesarse en conjunto —advirtió el director del CEEY— para conciliar, por ejemplo, la eliminación parcial de cuotas obrero-patronales a la seguridad social y garantizar una pensión mínima universal para todos.

La propuesta del CEEY contiene siete puntos extras: un sistema universal de protección social, la convergencia de todos los de salud pública, la revisión de los programas sociales para que sean redistributivos y la eliminación de las exenciones y regímenes especiales, tanto del IVA como del ISR, y de los subsidios generalizados.

Incluye también la focalización de las transferencias a las familias pobres y la eficiencia en la asignación y ejercicio del gasto público, así como el aseguramiento de la transparencia y la revisión de cuentas en los tres órdenes de gobierno.

De lograrse, estas reformas tendrán consecuencias, entre ellas, redefinir el pacto social al establecer un peso mínimo de bienestar para toda la población, mejorar la distribución de la riqueza y liberar recursos financieros para actividades productivas. Esto es clave “porque la hacienda pública debe ser para crecer”. Además, daría mejores condiciones para contender en el mercado.

“Al no cubrir esa parte de la seguridad social, las empresas tendrán mayor competitividad”. Para Cárdenas, esto simplificaría el proceso de reforma laboral hoy “atorada” en el Congreso. Al quitar esa prestación de la Ley Federal de Trabajo, se harían más flexibles los mercados laborales y “más eficientes y justos para todos”.

Tener más recursos permitiría el “acceso universal a la impartición de justicia con calidad”, sin la cual el tejido social se diluye, apuntó Cárdenas.

Las reformas implican acuerdos básicos. Al respecto, el director del CEEY mencionó que la renovación del pacto social; derechos efectivos en correspondencia con las obligaciones fiscales; protección social universal financiada con impuestos generales al consumo, ingreso y ganancias sin privilegios, y una política social que sea motor redistributivo, disminuirían la desigualdad y mejorarían la competitividad.

En su turno, Jorge Chávez Presa, coautor con Fausto Hernández y Luis Felipe López-Calva del estudio auspiciado por el CEEY, aseguró que estos cambios no son un fin, sino un medio para el crecimiento económico y social equitativo.

Al referirse a los pecados de la hacienda pública (baja carga fiscal, ineficiencia redistributiva y financiamiento de gastos públicos ineludibles con ingresos no permanentes, entre otros), Chávez Presa advirtió que no llevarían a la pérdida de estabilidad macroeconómica del país.

“Se trata de cambiar el modelo. La función-objetivo (de la hacienda pública) es el crecimiento económico con equidad”. La idea es acercarnos al acertijo planteado por Keynes hace un siglo: lograr, a un mismo tiempo, eficiencia económica, justicia social y libertad individual”.

Con relación a los subsidios, señaló que debe haber un cambio. “Sí, para quienes los necesiten, mas no generalizados, porque quienes más se benefician de ellos son los estratos con mayores ingresos”.

Si para Cárdenas “con estas reformas todo mundo va a ganar algo”, para Chávez Presa quienes perderán “son lo que no pagan impuestos, los enemigos del Estado”.

oletín UNAM-DGCS-382

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Social, Política y economía

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