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DERECHO ADMINISTRATIVO PERUANO

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVOS LEY 27444

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVO

 

 

SUMARIO:

Los Recursos Administrativos, Definición; Clases; Elementos, Efectos, Agotamiento de la vía administrativa; Cosa Decidida; Revisión de Oficio;

INTRODUCCIÓN

 

1.         DEFINICIÓN

 

Es el medio que utiliza un particular o una comunidad para sustentar el derecho que invocan reconocer. Equivale a una denuncia en el ámbito administrativo como reproche o impugnación a un determinado comportamiento de un funcionario público. A través de este instrumento procesal se busca restablecer la legalidad y, además, armonizar los derechos subjetivos con, el interés público.

 

DROMI define a los recursos corno actos de los administrados mediante los cuales se pide a la administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la ley en base a un título jurídico específico”.

 

Los recursos se interponen ante y se resuelven por la propia administración, que reúne una doble condición de Juez y parte, lo que determina la existencia de una tensión irreductible, se ejercerán una sola vez en cada proceso y nunca simultáneamente.

 

Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

 

2.         CLASES

 

En nuestra legislación tenemos las siguientes clases:

 

       Recurso de Reconsideración. Tiene por objeto dar oportunidad a la autoridad que emitió el acto administrativo, que pueda revisarlo nuevamente, tomando en cuenta las objeciones formuladas contra el mismo, antes que la autoridad superior lo conozca.

 

Se debe sustentar necesariamente en nueva prueba instrumental, salvo en aquellos casos en que el órgano administrativo constituye única instancia. Es un recurso opcional y su no interposición impide el ejercicio del recurso de apelación.

       Recurso de Apelación o de Alzada. Es el que se entabla ante una autoridad administrativo superior a quien se encuentra subordinado el funcionario público que dictó el acto administrativo que se impugna. Esa autoridad debe ser competente y puede anularlo, revocarlo confirmarlo. Si se da el último caso, se puede recurrir a un funcionario público inmediatamente superior al último.

 

Se sustenta en una Interpretación diferente de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

 

       Recurso de Revisión. Es el que se interpone ante una tercera instancia, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional.

 

El término para la interposición de los recursos es de quince días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta días.

 

3.         ELEMENTOS

 

En los recursos administrativos están implícitos los elementos que lo caracterizan:

 

a)    Actividad de control administrativo.

b)     Propósito correctivo.

c)     Se origina a instancia de parte, porque quien acciona tiene que ser un sujetó legitimado.

d)     Se deduce contra actos administrativos que lesionan o niegan un derecho; debe distinguirsele de la simple solicitud.

e)     Su finalidad es el mantenimiento de la juridicidad administrativa y la protección y garantía de los derechos e intereses de los administrados.

 

4.         EFECTOS

 

La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, lo que implicaría la interrupción temporal de la eficacia del acto Sin que se afecte su validez. En un sector de la doctrina se establece que sólo se puede dar esta posibilidad si se otorga por motivos de orden e interés público.

 

La nueva Ley prevé que la autoridad administrativa que deba resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto impugnado cuando se presenten las siguientes circunstancias:

 

a)     Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que sé aprecié objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.

 

Al adoptase la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o  derechos de terceros. La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso o del proceso contencioso administrativo, salvo que se disponga lo contrario.

 

5.         AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

 

Se tiene por agotada la vía administrativa para los efectos de lo dispuesto en el artículo 23º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se hubiera expedido resolución en la última instancia administrativa.

 

En ese sentido, el agotamiento de la vía previa significa:

 

a)     La existencia de una decisión de la máxima autoridad contra la cual ya no se puede interponer recurso jerárquico alguno.

 

b)     Que ha operado el silencio administrativo definitivo.

 

c)     Que se ha declarado la nulidad de las resoluciones administrativas aun cuando hayan quedado consentidas, siempre que agravien el interés público.

 

6.         COSA DECIDIDA

 

En alguna época se equiparó en el derecho administrativo los conceptos de «cosa juzgada» y «cosa decidida», situación que no se presenta en la doctrina moderna.

 

La cosa decidida es una institución que tiene por objeto otorgar seguridad jurídica en el ámbito prejudicial, es la cualidad que se atribuye a una resolución de la Administración una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento administrativo llegando a una decisión final que sólo puede ser cuestionada en sede judicial a través del proceso contencioso administrativo.

 

La expresión «causar estado» se relaciona con esta institución; se utiliza dicho término para describir la situación de una resolución que adquiere firmeza, es decir, ya no es pasible de reforma alguna por parte de la Administración, de tal manera que la voluntad de la Autoridad se expresa de manera definitiva.

 

Pues, en cambio la cosa juzgada es la decisión que ya agotó todas las instancias posibles en sede judicial, por lo que no cabe revisión alguna.

 

7.         REVISIÓN DE OFICIO

 

Esta institución permite que de oficio la autoridad administrativa competente pueda examinar nuevamente el acto administrativo y adoptar las siguientes decisiones.

 

        RECTIFICACIÓN

 

Ante un error material o aritmético, la Administración tiene la facultad de corregir o rectificar, siempre que no altere el contenido del acto administrativo en lo sustancial o que cambie el sentido de la decisión.

 

    NULIDAD DE OFICIO

 

De presentarse las causales de nulidad previstas en la Ley y que no hubieran sido advertidas por los administrados, la autoridad administrativa está facultada para declarar de oficio la nulidad, aun cuando Los actos hubieran causado estado, siempre que agravien eL interés público.

 

Para revertir la nulidad de oficio decretada por la Administración Pública sobre resoluciones que agravian el interés público, se interpusieron diversas Acciones de Amparo, hoy llamadas Procesos de Amparo.

 

Al entrar en vigencia la Ley No 26111 modificó el artículo 113º del Decreto Supremo No 006-67-SC agregándole el segundo párrafo. Se establecía un plazo de seis meses para la prescripción de la nulidad de oficio, y dicho plazo se iniciaba a partir de que la resolución quedaba consentida. Con la promulgación del Decreto Supremo No 02-94-JUS — TUO de la Ley General de Procedimientos Administrativos (29/01/94) se mantuvo el mismo plazo y finalmente la Ley No 26960 en su Primera Disposición Final y Complementaría (30/05/98) amplió hasta los tres años el plazo, manteniéndose la atribución en el superior jerárquico y el cómputo del plazo desde la fecha en que la resolución queda consentida.

 

VALENTIN PANIAGUA al respecto señaló: «El articulo 109º del D.S. No 006-67-SC permitía a la Administración, en cualquier tiempo, anular actos administrativos que, incursos en causal de nulidad, agravian también el interés público. Es cierto que el acto administrativo se presume siempre legítimo, porque se le supone perfecto, completo y regular. Esta presunción es, sin embargo, iuris tantum, es decir, relativa. La impugnabilidad es otro de los caracteres del acto administrativo. Por eso el acto nulo era y es revisable de oficio, por la propia Administración. Y es que a ésta corresponde — más allá de los intereses subjetivos en juego

 

            asegurar el imperio del Derecho. Tal principio que es el de legalidad, columna vertebral del Estado de Derecho, ha sido ahora abandonado. El Decreto Ley No 26111 reconoce al acto nulo todos los atributos del acto válido si transcurren seis meses desde su dación sin que sea revocado. Eso significa consolidar la arbitrariedad en agravio del Derecho. El articuló 110º riñe con la elemental racionalidad jurídica.»

 

La anterior Ley de Procedimientos Administrativos — Decreto Ley No 26111, como ha indicado el Dr. Paniagua, reconocía en el acto nulo los atributos de un acto válido si transcurrían seis meses desde su dación sin que sea revocado. Este dispositivo fue objeto de muchas criticas, situación que no se repite en la nueva Ley que establece que la facultad de declarar la nulidad prescribe al año, contado a partir de la fecha que haya quedado consentido, y de haber prescrito esta posibilidad, se puede recurrir a demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos años siguientes desde la fecha en que prescribió la facultad de declarar la nulidad en sede administrativa.

 

La nueva Ley de Procedimientos Administrativos reconoce la nulidad de oficio, estableciendo para su aplicación las siguientes condiciones:

 

a)    Que el acto haya sido emitido y, aun cuando quede firme, siempre que su subsistencia agravie el interés público.

b)    Sólo puede ser declarada de oficio por el superior jerárquico al que expidió el acto que se invalida, salvo que no estuviera sometido a subordinación jerárquica, en cuyo caso será declarada por resolución del mismo funcionario.

 

c)    La facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.

 

d)    Si operó el plazo de prescripción anteriormente indicado, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía un proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos años siguientes desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.

 

e)    No cabe la nulidad de oficio de decisiones adoptadas en última instancia administrativa por tribunales o consejos regidos por leyes especiales, en dichos casos, sólo se podrá demandar la nulidad ante el Poder Judicial, vía un proceso contencioso administrativo, dentro del plazo de tres años desde la fecha en que el acto quedó firme.

 

        REVOCACIÓN

 

Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Salvo:

 

1.     Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una Ley.

 

2.    Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas para la emisión del acto administrativo.

 

3.    Cuando se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios para terceros.

 

Si la revocación origina perjuicios económicos al administrado, se deberá contemplar la indemnización correspondiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS

 

1. DEFINICIÓN

 

La jurisdicción administrativa alude al conjunto de organismos encargados de resolver en la vía administrativa situaciones que sean planteadas por los administrados o por las propias entidades.

En la legislación comparada se refiere al control que realiza el máximo organismo que resuelve en esta vía y que, al mismo tiempo, permite unificar criterios para la administración. Generalmente, la última instancia está conformada por un órgano colegiado.

 

La doctrina se halla dividida respecto a este tema. Algunos niegan la existencia de la «jurisdicción administrativa», afirman que el Estado tiene una actividad administrativa o jurisdiccional, pero no puede ostentar ambas cualidades. La Administración no ejerce función jurisdiccional si sus actos en algún caso se parecen por su contenido, no tiene el mismo régimen jurídico, faltan elementos como el carácter definitivo de la resolución y el pronunciamiento por un órgano imparcial e independiente.

 

En nuestro país se cuenta con Tribunales Administrativos que resuelven en última instancia administrativa, como son:

 

·        Tribunal Fiscal.

  • Consejo de Minería.

·        Tribunal de INDECOPI.

  • Tribunal Registral.
  • Consejo Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

 

Si bien estos organismos actúan como últimas instancias administrativas, sus decisiones son revisables en la vía judicial como una garantía para el administrado y cómo una forma de control entre órganos del Estado.

 

Todo órgano colegiado es representado por su Presidente, quien asegura la regularidad de las deliberaciones y ejecuta los acuerdos; cuenta con un Secretario a cargo de preparar la agenda, llevar y actualizar las actas de las sesiones.

 

2.        TRIBUNAL FISCAL

 

El Tribunal Fiscal es el órgano contencioso tributario dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, con autonomía en el ejercicio de sus funciones específicas.

 

El Tribunal Fiscal está conformado por la Presidencia del Tribunal y la Sala Plena que está conformada por todos los vocales que integran cinco Salas Especializadas en materia tributaria y aduanera (tres vocales). El Tribunal tiene las siguientes atribuciones:

 

        Conoce y resuelve en última instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones de la Administración que resuelven reclamaciones interpuestas contra ordenes de pago, resoluciones de determinación, resoluciones de multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la determinación de la obligación tributaria, así como contra las resoluciones que resuelven solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria y las correspondientes a las aportaciones administradas por ESSALUD y la Oficina de Normalización Provisional.

 

        Conoce y resuelve en última instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones que expidan la Superintendencia Nacional de Aduanas y las Intendencias de las Aduanas de la República, sobre los derechos aduaneros, clasificaciones arancelarias y sanciones previstas en la Ley General de Aduanas, su reglamento y normas conexas y los pertinentes al Código Tributario.

 

       Conoce y resuelve en última instancia administrativa las apelaciones respecto de la sanción de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las sanciones que sustituyan a ésta.

 

       Resuelve las cuestiones de competencia que se susciten en materia tributaria.

 

       Resuelve los recursos de queja que presenten los deudores tributarios contra las actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo establecido en la ley, así como los que se interpongan de acuerdo con la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera.

 

        Uniformiza la jurisprudencia en las materias de su competencia.

 

       Propone al Ministro de Economía y Finanzas las normas que juzgue necesarias para suplir las deficiencias en la legislación tributaría y aduanera.

 

       Resuelve en vía de apelación las tercerías que se interpongan con motivo del Procedimiento de Cobranza Coactiva.

 

       Celebra convenios con otras entidades del Sector Público, a fin de realizar la notificación de sus resoluciones, así como otros que permitan el mejor desarrollo de los procedimientos tributarios.

 

3.         CONSEJO DE MINERIA

 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 109, que aprueba la Ley General de Minería, y el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, que promulga su Texto Único Ordenado, la competencia administrativa en asuntos mineros corresponde en última instancia al Consejo de Minería.

 

El Consejo de Minería se compone de cinco vocales, quienes ejercen el cargo por el plazo de cinco años, y durante el cual serán inamovibles, siempre que no incurran en manifiesta negligencia, incompetencia o inmoralidad. En esos casos, el Ministro de Energía y Minas formulará la correspondiente Resolución Suprema de subrogación, que será expedida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

 

Tres de los miembros del Consejo serán abogados y dos serán ingenieros de minas o geólogos colegiados. Excepcionalmente podrá nombrarse vocales suplentes. Los Vocales del Consejo de Minería elegirán, entre sus miembros, a un Presidente y a un Vicepresidente, los cuales desempeñarán sus cargos por un año.

 

Entre sus atribuciones tenemos las siguientes:

 

       Conoce y resuelve en última instancia administrativa los recursos de revisión.

 

       Resuelve sobre los daños y perjuicios que se reclamen en la vía administrativa.

 

       Resuelve los recursos de queja por denegatoria del recurso de revisión.

 

       Absuelve las consultas que le formulen los Órganos del Sector Público Nacional sobre asuntos de su competencia y siempre que no se refieran a algún caso que se halle en trámite administrativo o judicial.

 

       Uniformiza la jurisprudencia administrativa en materia minera.

 

       Propone al Ministerio de Energía y Minas los aranceles concernientes a las materias de que se ocupa la presente Ley.

 

       Propone al Ministerio de Energía y Minas las disposiciones legales y administrativas que crea necesarias para el perfeccionamiento y mejor aplicación de la legislación minera.

 

       Elabora su Reglamento .de Organización y Funciones.

 

4.         TRIBUNAL DEL INDECOPI

 

Es la máxima instancia administrativa que resuelve los procesos relacionados con La defensa de la competencia, los derechos del consumidor y la propiedad intelectual.

 

Las resoluciones del Tribunal sólo son impugnables ante el Poder Judicial. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual está integrado por cinco vocales designados por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de la Presidencia, tomando en consideración los candidatos que para el efecto propone el Consejo Consultivo del INDECOPI. Los vocales elegirán en su seno un Presidente por un periodo de tres años. El cargo es rotativo.

 

El Tribunal está constituido por la Sala de Defensa de la Competencia y la Sala de la Propiedad Intelectual, las cuales están integradas por seis y cuatro vocales respectivamente.

 

Entre las atribuciones de este órgano colegiado tenemos:

 

       Conoce y resuelve en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con La defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores, así como de los derechos de la propiedad intelectual.

 

       Conoce y resuelve en segunda y última instancia administrativa sobre la adopción de medidas correctivas y la imposición de sanciones por infracción a lo resuelto por el Tribunal.

 

       Recomienda al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante las autoridades pertinentes del Gobierno para la adopción de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos.

 

       Recurre al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones, en caso de ser necesario.

 

5.      TRIBUNAL REGISTRAL

 

Es el órgano administrativo que constituye en segunda y última instancia registral y conoce en grado de apelación las denegatorias de inscripción y demás actos regístrales.

 

Las resoluciones del Tribunal Registral se interpretan de modo expreso y con carácter general; determinadas normas registrales constituyen precedente de observancia obligatoria.

 

El Tribunal está integrado por tres vocales, los que acceden al cargo por concurso público de méritos. Su Presidente es elegido por los integrantes del Tribunal por el periodo de dos años y no procede la reelección inmediata. El Tribunal Registral tiene las siguientes atribuciones:

 

       Conoce en grado de apelación las denegatorias de inscripción y demás actos regístrales.

 

       Ejerce control permanente sobre las observaciones de los registradores.

 

       Verifica el cumplimiento de las normas legales por parte de los registradores y adopta las medidas correspondientes.

 

       Interpreta los alcances y aplicación de las normas registrables.

 

       Conoce y somete a consideración de la Jefatura su opinión respecto a quejas sobre materia registral.

 

      Toma acuerdos de carácter general destinados a la mejor aplicación de las leyes y reglamentos relacionados con el Registro.

 

       Coordina con los órganos de las entidades públicas vinculadas a su competencia.

 

       Emite opinión sobre asuntos que la Jefatura somete a su consideración.

 

6.         CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

 

El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Su personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Tiene las siguientes funciones:

 

       Vela por el cumplimiento y difusión de esta Ley, su Reglamento y normas complementarias y propone las modificaciones que considere necesarias.

 

       Resuelve en última instancia administrativa los asuntos de su competencia.

 

       Administra el Registro Nacional de Contratistas así como el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, los mismos que son públicos.

 

      Absuelve las consultas sobre las materias de su competencia.

 

       Aplica sanciones a los proveedores, postores y contratistas que contravengan las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y normas complementarias.

 

       Pone en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos en que se aprecie indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad detectados en el ejercicio de sus funciones.

 

El Presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es el Titular del Pliego Presupuestario y máxima autoridad administrativa de la institución.’ Es nombrado por Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un plazo de tres años renovables. El Presidente ejerce funciones jurisdiccionales únicamente, en reemplazo de un Vocal del Tribunal, en cuyo caso ejerce la presidencia del Tribunal. El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es el órgano jurisdiccional del - Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Se organiza en Salas, las cuales - están conformadas por tres vocales. Estos serán nombrados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un plazo de tres años renovables. El número de Salas se establecerá por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministerio. El Tribunal está obligado a publicar las resoluciones que expida como última instancia administrativa.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

DEL MODULO III UNIDAD 06, 07 Y 08

 

NACIONAL

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CASSAGNE, Juan Carlos: “El Acto Administrativo”, 2º Edición, Editorial Ebeledo-Perrot S.A. Buenos Aires, Argentina.

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www.defensoria.gob.pe

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www.tc.gob.pe

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www.mef.gob.pe

www.ipys.org

http://www.accesoalainformacion.org/

http://www.iacip-gto.org.mx/

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