Un documento que aún nos duele
Para los conocedores de la historia de Cuba resulta muy común encontrar a lo largo de su devenir la presencia de las intenciones anexionistas de los grupos oligárquicos estadounidenses sobre Cuba. Desde inicios del siglo XIX se delinea en la política exterior norteamericana, la teoría de la “fruta madura”, en la que se argumentaba, que la isla de Cuba, colonia de España por entonces, tendría que caer por ley de la gravedad política en la esfera de influencia de los Estados Unidos, una república joven entonces, pero no menos ambiciosa que en la actualidad.
La política de la oligarquía yanqui hacia Cuba desde aquellos años ha ido encaminada a lograr estos objetivos de someter a esta sociedad mestiza, levantisca y rebelde a los intereses de la gran nación, de un modo o de otro.
José Martí, por largos años advirtió sobre el peligro de anexión a los Estados Unidos que se cernía sobre Cuba y no se ocultaba para decir que ese peligro era mayor por las intenciones de la burguesía esclavista criolla de anexarse antes que perder sus privilegios o proclamar la abolición de la esclavitud, sostenedora de sus riquezas.
La Revolución independentista que organizó el Apóstol tenía como uno de sus objetivos, impedir esta anexión, pero su muerte y la tergiversación mal intencionada de las ideas de Martí, llevaron a la intervención norteamericana en Cuba en 1896, al no reconocimiento de los organismos de la revolución y a la alianza de los poderosos intereses coloniales, con la burguesía criolla reformista y el gobierno interventor de los Estados Unidos.
Durante tres años la presencia “civilizadora” yanqui en un país devastado por la guerra tuvo por misión fundamental, lograr la anexión, frustrada por la dignidad de un pueblo que había luchado muy duro por la independencia y al que no se le podía negar la República que soñaban, esta surgió mediatizada, débil y dividida, marcada por la infamante “Enmienda Platt” un documento que aún nos duele y que transcribo para quienes no la conocen:
Enmienda Platt
Que en cumplimiento de la declaración contenida en la Resolución Conjunta aprobada en 20 de abril de mil ochocientos noventa y ocho, intitulada “Para el reconocimiento de la independencia del pueblo cubano”, exigiendo que el gobierno de España renuncie a su autoridad y gobierno de la Isla de Cuba, y retire sus fuerzas terrestres y marítimas de Cuba y de las aguas de Cuba y ordenando al Presidente de los Estados Unidos que haga uso de las fuerzas de tierra y mar de los Estados Unidos para llevar a efecto estas resoluciones, el Presidente por la presente, queda autorizado para dejar el Gobierno y control de dicha isla a su pueblo, tan pronto como se haya establecido en esa isla un Gobierno bajo una constitución, en la cual, como parte de la misma, o en una ordenanza agregada a ella se definan las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sustancialmente, como sigue:
I
Que el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permita a ningún Poder o Poderes extranjeros la colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha Isla.
II
Que dicho gobierno no asumirá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva después de cubiertos los gastos corrientes del Gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios.
III
Que el gobierno de Cuba consciente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para conservación de la independencia, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para protección de vidas, propiedades y libertades individuales y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba.
IV
Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba, durante su ocupación militar, sean tenidos por válidos, ratificados y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos, sean mantenidos y protegidos.
V
Que el Gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los planes ya hechos y otros que mutuamente se convengan para el saneamiento de las poblaciones de la Isla; con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciones, protegiendo así ala pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que al comercio y al pueblo del Sur de los Estados Unidos.
VI
Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para un futuro arreglo por Tratados la propiedad de la misma.
VII
Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba u proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos.
VIII
Que para mayor seguridad en lo futuro, el Gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un Tratado Permanente con los Estados Unidos.
Así nació la República con aquel “bando colonial” por encima de su Constitución, chantajeada por un gobierno “amigo” que dejó bien claro que de no aprobarse la Enmienda Platt no se irían de la isla, dejándole a los cubanos la apariencia de independencia y los grandes problemas sociales que la desigualdad, la pobreza y la guerra habían agudizado. Esa es la génesis de la radicalidad cubana.
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